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Correspondiendo a la invitación acordada por las Directivas de la Casa del Pueblo, de que los socios que tengan opinión sobre la proyectada implantación de una oficina permanente, al servicio de las entidades de la Casa y regentada por un individuos capacitado, la expongan en EL OBRERO BALEAR, yo expongo la mía, modestísima, aunque no sirva más que para romper el silencio y provocar la discusión que ha de proyectar la luz necesaria sobre tan importante asunto. Nadie que se preocupe de los problemas sociales habrá dejado de observar que, aunque de una manera lenta y limitada, se va dando estado de derecho a muchas de las aspiraciones obreras, por medio de leyes que no se cumplen o se cumplen a medias porque el 90º de los trabajadores las desconocen o tienen una idea vaga de ellas. Por causa de este desconocimiento se da el caso, con frecuencia, que cuando algún compañero, ante un accidente del trabajo o ante un atropello; quiere acogerse a los beneficios que las leyes protectoras del Trabajo conceden, se encuentra que no sabe que trámites seguir; consulta el caso a alguno que otro compañero, pero no hallando quien le oriente y redacte los documentos necesarios, desiste, fastidiado, de reclamar aquello que por derecho le corresponde, a no ser que tenga la suerte de tropezar con el compañero A o con el compañero B dispuesto a sacrificar varias horas de trabajo o de descanso para servirle; pero resulta que los compañeros A y B acaban por no poder entrar en la Casa del Pueblo sin que se vean abrumados de consultas y trabajos, lo cual es causa de que acaben por ir por la Casa del Pueblo muy de tarde en tarde, de lo que resulta que por no hallar la deseada protección se malogran los beneficios legales, por no haber un individuos dedicado a evacuar consultas, encauzar las reclamaciones y redactar la documentación pertinente. Si no hubiera otra razón que la apuntada, esta de por sí creo que ya es bastante a justificar la implantación de dicha oficina, pero, desgraciadamente hay más: no todas las entidades de la Casa disponen de individuos voluntariosos y capacitados para desempeñar medianamente sus secretarías, por lo que los trabajos se llevan de manera poco recomendable, hasta el extremo que en algunas ocasiones (triste es decirlo, pero el mal no se cura ocultándolo) ha habido que remitir cartas por ininteligibles, porque no expresaban nada. Horroriza pensar que hayan de traspasar los umbrales de la Casa del Pueblo documentos de tal forma redactados, cuyo bochorno se evitaría con el establecimiento de la mencionada oficina. Claro que el sostenimiento de esta oficina implicaría el gasto de unas 200 pesetas mensuales, incluido el material, cantidad asequible a la veintena de sociedades domiciliadas en la Casa del Pueblo, máxime teniendo en cuenta que varias de éstas subvenciones a sus secretarios en 15 o 20 pesetas mensuales, además de los jornales que les abonan por trabajos extraordinarios, subvenciones y jornales que podrían desaparecer con la implantación de dicha oficina ya que esta realizaría los trabajos que los motivaron, pero aunque esta mejora no estuviese al alcance de la situación económica de las entidades no por eso se debe renunciar a ella, antes bien, se debe ir al aumento de las cuotas, ya que estas en ciertos casos son tan irrisorias que no responden, ni mucho menos, a las necesidades de la vida de relación de los tiempos presentes imponen. Hay que convencerse de que cotizar a razón de quince o veinte céntimos semanales es jugar a sociedades de resistencia, no actuar seria y provechosamente. Por todo lo expuesto, entiendo que se puede y se debe implantar este importante servicio, que llenaría una necesidad hondamente sentida. Sólo infundados recelos e injustificadas suspicacias pueden malograr esta feliz iniciativa del Patronato de la Casa, que con confianza recíproca y sin prejuicios no creo que nadie pueda desestimar, si se desea que las organizaciones de la Casa del Pueblo se coloquen a la altura que les corresponde. Jaime Rebassa EL OBRERO BALEAR nº 1269 6 de julio de 1926 |
