Pep Vílchez

Bajo sospecha

No me extraña que en los ambientes populares exista clima de persecución. No hay para menos ya que es un hecho real que les afecta  y toma cuerpo a través de la acción derivada del cumplimiento del deber por parte de fiscales, policía y jueces  en búsqueda de actuaciones de carácter delictivo de cuya existencia constan claros indicios.

Una reiterada y persistente serie de evidencias nos demuestra que las irregularidades han concurrido en la gestión política de los populares de Baleares. Con mayor o menor grado delictivo, son  hechos constatados -de Hidalgo a Rodrigo de Santos y de Escala a Espada- que han ido generado un continuo de situaciones con una variopinta variedad de  anomalías que han derivado en públicos escándalos de notoria repercusión.

A estas alturas es necesario y razonable exigir que no se nos engañe más. Que se esclarezca lo que se tenga  que aclarar y se deje de presionar para escabullir el bulto. Es hora de que el máximo responsable del desaguisado, Jaime Matas, comparezca y hable en el lugar que le corresponde: ante la Justicia.

Por su parte, el Partido Popular Balear ha de depurar responsabilidades entre sus filas, pero debe ser  incuestionable  que no han de ser los implicados activos o pasivos los que tienen que dirimirlas. El Partido Popular debe ofrecer nuevas caras que den credibilidad a sus actuaciones.  Pero, lamentablemente, la actuación de los populares, hoy por hoy, alimenta la sospecha de que los movimientos de la cúpula –y no tan cúpula- popular balear son sólo parte de una estrategia netamente defensiva.

Estrategia defensiva que rige también  la actuación del Partido Popular en los casos de corrupción que le afectan en el resto del  Estado. En este contexto, ha tomado especial relevancia  todo lo que se refiere al llamado caso Gürtel que pone en solfa la honorabilidad de la gestión vinculada con los niveles más elevados del partido. En demasiadas ocasiones observamos como en todo lo concerniente  a éste  caso  se  intenta cambiar la condición de sospechosos por la de víctimas de una persecución. A esa táctica no han tardado en sumarse los populares baleares despreciando la magnitud de sus irregularidades.

La última prueba de cómo se intenta enturbiar el ambiente y crear confusión, generando una reiterada cortina de humo, la hallamos en el tema de los espionajes,  muy de moda tras los “éxitos” de nuestros agentes en Cuba. En Madrid la manía del fisgoneo ilegal ha propiciado un juego de escuchas y seguimientos entre miembros del mismo partido, populares todos. Es lícito suponer que si entre ellos utilizan ese tipo de prácticas ¿qué prácticas estarán dispuestos a realizar en contra de los otros, los que no son de su partido, los que ejercen  una enojosa oposición?

Al hilo de lo comentado, cabe incluir el tema de   las  recientes declaraciones de María Dolores de Cospedal, quien ha denunciado que su partido es víctima de espionaje a la vez que reo de una actuación adversa intencionada por parte de los poderes públicos, presumiblemente controlados por el partido del gobierno y parte de  una operación de acoso y derribo contra el PP.

La gravedad de estas acusaciones no viene acompañada por prueba alguna siendo lo más irritante  que el eco de su osadía provoque la continuación de la idea a través de Javier Arenas con remate de Mariano Rajoy. La reacción popular no ha dejado de provocar  un sonrojo general que ha provocado una airada reacción en el ámbito judicial y policial Todo el mundo sabe que las acusaciones delictivas deber ir directamente a manos de la justicia y de no ser así, se incurre en calumnia. 

Paradójicamente,  volviendo a Baleares, lo innegable es que Jaume Matas ha gozado de cierta protección por parte del fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, quien ordenó archivar las diligencias informativas que se tramitaban en la fiscalía Anticorrupción de Balears sobre su  incremento patrimonial.  Tampoco parecen poseer mucho ánimo persecutorio las instrucciones emitidas por el delegado del gobierno, Ramón Socias, sobre el trato diferenciado que en dependencias policiales  debían recibir los encausados por el llamado caso Espada vinculado al Palma Arena, ya que más bien denotan voluntad de enfriar el ambiente y dulcificar situaciones incómodas que otra cosa.

No sé si en este último caso fue correcto el trato policial hacia los detenidos. La verdad es que cualquier imagen de una persona esposada me resulta desagradable, tal vez como reminiscencia de mi aversión hacia aquellos que antaño esposaban por cualquier cosa. Pero lo cierto es que, con independencia de estos aspectos formales,  el verdadero problema está en la actuación pública en el proceso de construcción del Palma Arena. Y en ese tema, los ciudadanos tenemos el derecho a saber porqué – un porqué minucioso – el presupuesto se engordó de la manera que lo hizo.

El  dinero público no es sólo de nuestro interés porque procede de nuestro bolsillo, del de  todos. El uso de los caudales públicos deber realizarse bajo una percepción de interés general ya que lo sustraído o malgastado va en detrimento de los beneficios colectivos que los ciudadanos esperamos recibir de cualquier gobierno.

Entre la derecha y la izquierda, entre un partido u otro, puede discutirse sobre el destino de las inversiones o la percepción de prioridades, al poseer sensibilidades diferenciadas sobre la idea del interés común pero, en ningún caso, se puede tener complacencia ante un saqueo de las arcas públicas cuya dimensión cada vez toma características más profundas y generalizadas.

Si  todos estos escándalos no llegan a erosionar el apoyo electoral hacia el partido responsable sólo es debido a la existencia de una insensibilidad social impermeabilizada ante la realización de todo tipo de tropelías, lo cual no deja de ser altamente preocupante por lo que atañe a la salud democrática de nuestra sociedad.

En fin ... ahora sólo nos falta que vuelva Jaume Matas y nos lo cuente todo ya que sin él demasiadas cosas  carecen de sentido.

17 deAgosto, 2009

OPINION/TRIBUNA/DIARIO DE MALLORCA