Después de mucho tiempo, el Gobierno, sin mediar
comunicación con las fuerzas políticas ni sociales que hemos impulsado
una ley de memoria, ha presentado un anteproyecto sobre esta cuestión.
En el país de la UE que más años ha padecido un régimen totalitario
faltaba lo que ha hecho casi todo el mundo: una política pública por la
recuperación de la memoria democrática. Pero el proyecto no sólo ha
llegado tarde sino que totalmente desenfocado. ¿Puede una ley en
democracia hablar de dos bandos, desde un planteamiento equidistante,
cuando lo que la ley define como uno de los bandos era el gobierno
legítimo y democrático mientras que el otro era un grupo golpista?
¿Podemos no hacer justicia con republicanos y antifranquistas, cuando
sin ellos, simplemente, la democracia que hoy tenemos, no sería la
misma?
Para IU-ICV con esta ley no se trataría de hacer
tabla rasa de la reconciliación ni de la amnistía. Se trata por el
contrario, de hacer justicia, en primer lugar con la historia que ha
condenado al franquismo como régimen fascista y, además, con las
víctimas que fueron objeto de cárcel, tortura y asesinato programado por
sus ideas y su lucha por la democracia.
Han pasado 30 años desde el fallecimiento del general
Franco, y 27 años desde la aprobación de la Constitución Española de
1978. Es tiempo suficiente para que desde una perspectiva histórica, y
con nuestra experiencia democrática, podamos ir gradualmente recuperando
y fomentado la memoria histórica de aquellos ciudadanos y ciudadanas que
dieron lo mejor de sí mismos para la restauración de los valores y
principios democráticos. Y ello significa superar definitivamente
cualquier forma de trato discriminatorio a quienes padecieron
persecución, sanciones y condenas penales por razón de la defensa de los
ideales republicanos y democráticos. Es la condición para su plena
rehabilitación moral y jurídica. Pero junto a esta recuperación de la
dignidad del pasado debemos pensar también en el presente. En nuestras
jóvenes generaciones que desean y necesitan saber su pasado político no
democrático para que nunca vuelva a repetirse.
El Estado debe asumir como propia la responsabilidad
de recuperación de la memoria. Y así, para afrontar con total garantía
este proceso de regeneración, debemos, en primer lugar, garantizar por
ley, como en otros países democráticos que han sufrido dictaduras, la
supresión de los símbolos franquistas aún existentes en edificios,
públicos y privados, monumentos, calles y plazas, entre otros. Es
imprescindible una reordenación de funciones y usos del Valle de los
Caídos por su alto contenido simbólico franquista para transformarlo en
un "Centro del Memorial de la Libertad", sede de un futuro Instituto de
la Memoria tal y como en Europa y Latinoamérica han realizado la
conversión de centros de represión y tortura, en instalaciones de
fomento de la cultura y tradición democrática.
Ligado a este Instituto de la memoria debería haber
un marco institucional, que liderase, en colaboración con comunidades
autónomas, organizaciones sociales, y especialistas académicos, el
desarrollo de una política institucional por la recuperación de la
memoria democrática, desde la educación a la política museística.
También es fundamental algo que el actual
anteproyecto del Gobierno ha olvidado: la declaración de nulidad de
Resoluciones y Sentencias que se dictaron durante el franquismo. El
mantenimiento de la validez de las Sentencias dictadas por los Consejos
de Guerra (los casos de Julián Grimau, el President Lluis Companys y el
de Manuel Carrasco i Formiguera, son elocuentes), en los términos
expuestos, es incompatible con la plena y definitiva rehabilitación
moral y jurídica de las personas condenadas por ellos. Resulta pues
incomprensible y reprobable que el Gobierno haya renunciado en su
proyecto a declarar la nulidad de las sentencias condenatorias dictadas
por los Consejos de Guerra.
En definitiva, los daños causados a las víctimas
fueron irreparables. Ahora, ante tanto y tan grave despropósito y
completa vulneración de derechos y garantías, es inaplazable una
reparación que la democracia debe a quienes sufrieron una represión y el
terror bajo una mera apariencia de legalidad. Porque todos aquellos
procesos estaban afectados por vicios profundos de forma y fondo, con
una ausencia radical de garantías, determinantes de una completa
indefensión siendo las resoluciones y sentencias que en ellos se
dictaron nulas de pleno derecho.
Hoy, según varias encuestas, a la mayoría de la
ciudadanía le es indiferente la figura de Franco, una indiferencia que
tan sólo puede ser fruto del desconocimiento. La falta de políticas
públicas por la recuperación de la memoria ha hecho que para unos la
mejor opción haya sido el olvido, y que para otros, Franco sea un
personaje sobre el que saben poco, y del que se habla menos. Si el
Gobierno opta por tramitar la ley tal y como está, mantendrá la
excitación de un PP, que ha decidido mantenerse beligerante,
instalándose así en la derecha extrema con una reinterpretación
interesada de la reconciliación como absolución del franquismo; y además
frustrará muchas expectativas, incluidas las de muchos socialistas.
Permitirá que el país que más años padeció el fascismo, sea también un
país desmemoriado, y difícilmente sentará las bases para que de una vez
por todas tengamos una derecha un poco más europea.
IU-ICV va a continuar tendiendo la mano para que el
Gobierno cambie de actitud y retome una ley de la memoria que es una
obligación con la historia y con las víctimas. Lo es también para las
organizaciones que hoy trabajan por esa recuperación de la dignidad.
Pero sobre todo lo es para la sociedad democrática. La democracia y la
reconciliación no son completas sin justicia y sin memoria. De no ser
así, tanto desde nuestras enmiendas a la totalidad como de tipo parcial,
será necesario cambiar la fisonomía del actual anteproyecto de ley. Sólo
así podremos dignificar plenamente el pasado de quienes sufrieron un
régimen totalitario y decirles a sus hijos y nietos que deben sentirse
orgullosos de su lucha contra el franquismo porque hicieron lo correcto
e hicieron lo mejor para que hoy podamos disfrutar de libertad y
democracia. Si la historia lo sabe ¿por qué no debe decirlo?
Gaspar Llamazares Trigo es
presidente-portavoz del grupo IU-ICV. Joan Herrera Torres es
portavoz del grupo IU-ICV. Congreso de los Diputados.