En un clima de evidente indignación ciudadana, en un contexto de descreimiento generalizado hacia la política y los políticos, continúan aflorando en nuestra comunidad nuevos datos, procedentes de investigaciones policiales y de la Agencia Tributaria, que relacionan a altos cargos de Unió Mallorquina con presuntas anomalías de carácter delictivo que han provocado el surgimiento de un nuevo paquete de imputaciones vinculadas al caso denominado "Operación Maquillaje".  

Estos hechos se agregan a un complejo panorama, de difícil solución, que implica una indudable desestabilización de la gobernabilidad de las principales instituciones insulares, al estar imputados miembros del Govern y del Parlament Balear –incluida su presidenta–, del Consell Insular de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma.

La extensión de las sospechas, acumuladas en distintos casos, afecta a un nutrido grupo de cargos públicos hoy imputados procedentes de las filas del Partido Popular y de Unió Mallorquina, lo cual nos muestra la faz de una legislatura, –la que pilotaron Jaume Matas desde el Govern Balear, Maria Antonia Munar, desde el Consell Insular y Catalina Cirer, desde el Ayuntamiento de Palma–, que no puede dejar de calificarse como vergonzosa y calamitosa.

Ellos son los máximos responsables políticos de la escandalosa experiencia vivida y los partidos que les dieron cobertura el vehículo imprescindible para dar pie a la situación comentada. Sobre ellos debe caer la responsabilidad de la vergüenza acumulada, día tras día, en un sinfín de irregularidades de puro escalofrío. Las víctimas: todos los ciudadanos y un Pacto de Progreso al que no han dejado gobernar arrastrándolo hacia la impotencia.

En su día, los resultados electorales proporcionaron un mapa político balear endiablado y que ofrece escasas posibilidades a la hora de encauzar la crisis institucional existente. La herencia de la pasada legislatura aparece como un inmenso lodazal del cual no dejan de surgir deformidades que ponen en tela de juicio la honorabilidad de buena parte de los políticos que la protagonizaron, con especial relevancia y protagonismo de los miembros dirigentes de las formaciones señaladas.

Hoy, tanto el PP como el PSOE carecen de la representatividad suficiente como para gobernar las principales instituciones en solitario, y, no es difícil adivinar, que un pacto PP-PSOE seria añadir mayor confusión e inestabilidad al no poseer ni respaldo popular ni credibilidad política. De producirse un pacto contra natura, el PSOE, sus dirigentes, abrirían la puerta a un escenario donde un partido con múltiples escándalos e irregularidades en su haber, limpiaría sus impurezas lo que facilitaría su vuelta al poder en el 2011 y, a su vez, dejaría en la estacada a sus socios, el Bloc per Mallorca, el cual si algo posee en su ejecutoria es la evidente honestidad de sus cargos públicos.

Unió Mallorquina continúa situada en el fiel de la balanza y, esta posición intermediaria, la misma que ha posibilitado otorgar un inmenso poder a su menguado grupo, continúa ensombreciendo y lacerando la vida política insular. En la solución de la crisis provocada por esas derechas, continúa pesando ese inmenso poder arbitral que la aritmética electoral ha otorgado al escuálido partido de la señora Munar y, de la misma manera que ese poder puede haberse utilizado para desarrollar actividades ajenas a la Ley, ahora puede ser utilizado para desestabilizar todas las instituciones donde se posee peso específico como instrumento defensivo de aquellos que están en el punto de mira de la justicia. Pero el principio del fin nos anuncia el único final razonable: que caiga sobre ellos el descrédito y todo el peso de la Ley.

Si Unió Mallorquina fuera lo que dice ser –un partido nacionalista– sacrificaría sus responsabilidades institucionales para facilitar una solución que permitiera finalizar con este bochornoso espectáculo. Y eso sólo es posible retirando de la vida pública toda –si, toda– la cúspide dirigente sospechosa de cometer numerosas irregularidades y, entonces, podría ser posible rehacer el buen nombre de nuestras instituciones democráticas y centrar los esfuerzos de nuestros representantes en la urgente tarea de trabajar en pos de los intereses generales y, primordialmente, hacer frente a los graves problemas derivados de la crisis económica que provocan paro y miseria a un buen numero de ciudadanos.

UM debe renovar profundamente sus estructuras y ofrecer nuevas caras que puedan pasar la prueba del algodón de la honradez. De lo contrario, lógico seria que los ciudadanos, los electores, tomaran buena nota y en las próximas contiendas electorales les situaran donde merecen: en el basurero de la historia.

Diario de Mallorca

08/12/2009