Ninguno de los gobiernos de los países afectados por la crisis financiera pudo prever la magnitud y las consecuencias económicas del crack. La reacción de los poderes políticos fue un arrebato de primeros auxilios que supuso un enorme desembolso, procedente de las arcas públicas, destinado al rescate de las entidades financieras e incluso de importantes sectores industriales –como sucedió con empresas automovilísticas.

El gobierno de Rodríguez Zapatero, vinculado a una política de corte socialdemócrata en lo económico y progresista en relación a la ampliación de derechos individuales y colectivos, reaccionó negando la evidencia por la convicción, compartida por amplios sectores de la banca, el comercio y la industria, de que asumir la presencia de la crisis provocaría su aceleración y desarrollo.

En el Estado español, la crisis generalizada destapó una latente situación anómala en el sector inmobiliario, la denominada  burbuja, largamente alimentada por la banca a través del crédito a la promoción constructiva y un fácil acceso a la propiedad por la vía del crédito hipotecario.

El dinamismo del anterior crecimiento económico resultó fatal al no fundamentarse en la economía productiva y ceñirse al desembolso financiero, fomentando el endeudamiento interbancario –especialmente con la banca francesa y, en menor medida con la alemana–, empresarial y de las economías domésticas lo que se convirtió en un verdadero talón de Aquiles de la economía española.

La crisis afectó de lleno al sector de la construcción. La especulación se había adueñado del negocio inmobiliario provocando una subida sostenida y desorbitada del precio del suelo y de los bienes inmobiliarios, apareciendo personajes característicos cuyo perfil nos ofrece la faz del período, baste con citar al llamado El Pocero o la hiperactividad de un Enrique Grande.

La especulación aceleró la corrupción política generalmente vinculada al pelotazo inmobiliario y al impulso de grades proyectos faraónicos que hoy están en entredicho al sumarse despilfarro, ineficiencia y corrupción, como muestra basta con evocar los casos objeto de proceso judicial que se siguen en Mallorca, por cierto, exclusivamente protagonizados por la derecha política a través de la gestión del Partido Popular y Unió Mallorquina.

Son los años del efecto llamada que determinó la llegada de cientos de miles de inmigrantes atraídos por el espejismo de una economía en constante crecimiento. De ese festín participaron tanto los gobiernos de Rodríguez Zapatero como los de José María Aznar así como municipios y comunidades autónomas con independencia de su signo político.

De hecho, la situación de unas  arcas públicas repletas  coadyuvó a que los gobiernos de Zapatero activaran el desarrollo del gasto social proteccionista. Era la hora de repartir y de desarrollar una loable política de ampliación de derechos sociales, aunque exclusivamente sustentada en el espejismo desarrollista.

La primera reacción del gobierno de Zapatero frente a la caída de la actividad se limitó al incremento del gasto público, con el objetivo de reducir el impacto de los efectos nocivos del crecimiento del desempleo, poniendo en marcha el llamado Plan E financiado por lar arcas del Estado, gestionado en gran parte por los municipios y destinado a fomentar la actividad de las empresas privadas beneficiadas de la contratación de obra pública. Paralelamente se adoptaron importantes medidas de ampliación de la cobertura económica de los desempleados.

Esas actuaciones, que hoy cabe considerar miopes e improvisadas, partían de la convicción de que con estas medidas era susceptible desactivar la desaceleración por la creencia de encontrarse ante una crisis de ciclo corto. Esta percepción afectó a múltiples países perdurando hasta colisionar con la evidencia de hallarse ante una crisis de largo alcance, cuya magnitud y profundidad en Europa quedaba demostrada por el caso griego y la caída del paradigma neoliberal irlandés.

La realidad mostró una situación mucho más compleja que destapó todos los antagonismos que el sistema de mercado venía arrastrando. La globalización y la irrupción en la economía de mercado de los antiguos países de la COMECON, la penetración en los mercados de la liberalizada economía china, la eclosión de las economías de parte del sudeste asiático, así como  de países emergentes de amplia base poblacional como India o Brasil, provocó un severo desajuste en la correlación de fuerzas internacional surgida de los conflictos bélicos mundiales del siglo XX.

El hundimiento griego puso en evidencia la gravedad de una situación que amenazaba seriamente la estabilidad del proyecto europeo. Las economías más débiles pasaron a estar en el punto de mira de los mercados de adquisición de deuda pública que desconfiaban de su solvencia. Al rescate de Grecia, le sucedió Irlanda y Portugal tiembla ante la posibilidad de la irrupción desestabilizadora; España aparece como la posible víctima siguiente.

En este contexto, el gobierno socialista adopta un cambio radical en su política económica y se pliega sin fisuras a las exigencias externas con el fin de poder garantizar la fiabilidad suficiente para poderse nutrir de la financiación necesaria, por la vía de le emisión de deuda pública, que se encuentra amenazada por una política de tipos elevados. De ahí la congelación de las pensiones y de los salarios de los funcionarios públicos, le Reforma Laboral y los proyectos de modificación del sistema de pensiones.

Así las cosas, no es razonable pensar que el Partido Popular posea otra política que la que está aplicando en la actualidad el gobierno de Rodríguez Zapatero y, en cualquier caso, si en algo diferiría sería en una mayor dureza en las medidas de ajuste, lo cual, con seguridad, redundaría en un mayor menoscabo de los derechos y condiciones de vida de los ciudadanos, incluidos pensionistas y funcionarios.

No podría ser de otra manera  ya que no poseen otra política que la del recorte del gasto público y, por tanto, se miente por omisión al ocultar a la opinión pública las verdaderas intenciones negándose a concretar las medidas que en su caso adoptarían. Del partido de Mariano Rajoy sólo consta fehaciente existencia de una actitud oportunista: el beneficiarse de la crisis  con el único objetivo de la toma del poder político, primero en municipios y comunidades autónomas y, posteriormente, en la Moncloa.

Pero, la realidad es que esta situación relatada, no es percibida así por parte de los que verdaderamente acaban decidiendo el color de los futuros gobiernos. Me refiero a los llamados indecisos, amplio sector del electorado que suele coincidir con la franja más desinformada de la población y, por  tanto, la que presenta mayor posibilidad de ser engañada y manipulada.

El único mérito que poseen Rajoy y los suyos es el no hacer nada y obstaculizar la recuperación económica y el desmérito que les acompaña no es otro que el estar anclados en la mentira como estratégica que les facilite deshacerse del lastre de la corrupción política y presentarse como salvadores, aunque sea sin salvavidas.

Diga lo que diga José María Aznar, no es imaginable que Mariano Rajoy, en el supuesto de alcanzar plaza en la Moncloa, hiciera odios sordos a las tiranas exigencias de los mercados.