La limitada
simpatía a nivel popular que las propuestas del Estatuto
aprobadas por el Parlamento catalán han tenido en España, junto
con las dificultades que el Gobierno socialista español ha
encontrado en poder aprobarlo, sin que ello pudiera suponerle un
coste electoral, es el precio que las izquierdas están pagando
por su complicidad en el silencio que ha existido en España
sobre lo que fue la República (que aceptó la plurinacionalidad
de España), lo que significó la dictadura y cómo se realizó la
transición (en términos muy favorables a las fuerzas
conservadoras). Tal silencio supuso, en la práctica, la
aceptación de la visión conservadora de España promovida durante
la dictadura y aceptada después en la transición: una España
uniforme, que negó la plurinacionalidad de España, incluso a
costa de interrumpir su existencia con un golpe militar el año
1936.
Las únicas
comunidades autónomas que rompieron este silencio fueron
Cataluña y el País Vasco, que, bajo gobiernos nacionalistas
conservadores, reescribieron la historia de España, presentando
la Guerra Civil como un conflicto entre España, por un lado, y
Cataluña y el País Vasco, por el otro. Al hacerlo, ignoraron que
la Guerra Civil fue predominantemente una lucha de clases, en la
que las clases dominantes de Cataluña y el País Vasco apoyaron,
en general, el golpe fascista militar, aunque hubo también un
conflicto interterritorial, consecuencia de la victoria de la
España centralista uniforme de los golpistas (que se
autodefinieron como nacionales) sobre la España plurinacional
liderada por las fuerzas republicanas populares y de izquierdas,
las cuales también protagonizaron en Cataluña y en el País Vasco
la lucha por la identidad nacional catalana y vasca durante la
dictadura, hecho ignorado en la historiografía nacionalista
conservadora catalana y vasca. En el resto de España, las
izquierdas, que habían sido las protagonistas en la lucha por la
justicia social, la libertad y las identidades nacionales (a lo
largo de toda España hubo manifestaciones ilegales durante la
dictadura bajo pancartas que pedían libertad para España y
Estatuto de autonomía para Cataluña), aceptaron durante la
transición una Constitución que reproducía una visión de España
predominantemente uniforme, que negó su plurinacionalidad y que
incluía elementos que significaban una clara renuncia a muchas
aspiraciones que las izquierdas habían tenido históricamente en
España, aceptando, entre otras concesiones, la existencia de una
Monarquía, convirtiéndose sus símbolos en los símbolos del
Estado español, transformándose la bandera borbónica, que fue la
bandera del bando franquista (con eliminación de sus símbolos
fascistas), en la bandera española, y una Marcha Real en el
Himno Nacional; la consolidación de la escuela privada
(mayoritariamente de propiedad de la Iglesia) como paritaria con
la escuela pública; la perpetuación de los privilegios de la
Iglesia católica; la asignación del Ejército como garantía de la
unidad de España (convirtiéndole así en un organismo policial de
carácter doméstico); una excesiva protección de la propiedad
privada (que está dificultando, por cierto, la resolución del
enorme problema de la vivienda en España), y otras muchas
concesiones que fueron aceptadas a cambio de muchos otros
aspectos de la Constitución que fueron y continúan siendo
auténticamente progresistas. Entre éstos, el más importante fue
la aceptación por parte de las fuerzas conservadoras de que todo
poder y legitimación en el Estado español procede de la voluntad
popular, hecho que históricamente las fuerzas conservadoras en
España no habían respetado.
Otra gran
cesión por parte de las izquierdas fue el silencio sobre su
propia historia, así como la aprobación de la amnistía para los
responsables de las violaciones de los derechos humanos
realizadas durante la Guerra Civil y durante la dictadura,
pertenecientes en su mayoría a las fuerzas conservadoras y
derechistas en España. Se me dirá que, considerando la
correlación de fuerzas en aquel momento, no había otra
alternativa. Pero aun aceptando tal lectura del momento
histórico, el silencio que las izquierdas adoptaron fue no sólo
una profunda injusticia, sino también un gran error político,
pues permitió la perpetuación de la visión conservadora de
España, uniforme, centralista y esencialista, que se convirtió
en la visión dominante de lo que es España, hecho que se
interpretó erróneamente como la desaparición de las dos Españas.
Silencio significó acatamiento, reproduciendo una enorme
ignorancia de lo que fue la otra España, la republicana, que
históricamente fue siempre la que luchó por la libertad, por la
justicia social y por la diversidad de los distintos pueblos y
naciones de España, silencio que incluso alcanzó situaciones
extremas como la prohibición de la bandera y del himno
republicanos.
Aunque las
izquierdas guardaron silencio, no lo hicieron las derechas, que
continuaron promoviendo su visión de España, honrando -como hace
constantemente la Iglesia católica- a sus muertos, presentando
al bando republicano como el responsable de sus muertes. Las
izquierdas, en lugar de estar silenciosas, tendrían que haber
mostrado -en los medios públicos de información televisiva y
radiofónica que tenían a su alcance- el papel antidemocrático
que la Iglesia tuvo durante la República en defensa de sus
intereses corporativos, realizados a costa de los intereses de
las clases populares, lo cual explica -aunque no justifica- que
sectores de estas clases populares decidieran en muchas partes
de España -incluyendo Catalunya- tomar la justicia por sus manos
el 19 de julio (el día después del golpe militar). Las
izquierdas, sin embargo, callaron, subvencionando extensamente a
la Iglesia, y ofreciendo los medios públicos de información y
persuasión televisivos y radiofónicos para la promoción de su
ideario.
Este olvido por
parte de las izquierdas de sus raíces históricas fue acompañado
de una dilución de su ideología, sustituyendo ésta por un deseo
e imagen de modernización que diluyó su especificidad. En
lugar de presentarse como herederos de la República -que fue,
por cierto, la época más modernizada de la historia de España en
la primera mitad del siglo XX- enfatizando el discurso
(narrativa y terminología) de izquierdas, éste fue sustituido
por un patriotismo constitucional, tal como ocurrió también en
Alemania, olvidando que en aquel país el nazismo ganó unas
elecciones y gozó de un gran apoyo, mientras que en España el
fascismo se impuso tras una enorme resistencia popular de tres
años, a pesar del apoyo militar que Hitler y Mussolini dieron al
bando golpista nacional. En Alemania, la Constitución
significaba la necesidad de olvidar un pasado colectivo. En
España, las izquierdas no tenían por qué olvidarse de las
conquistas sociales de la República y de la resistencia frente
al golpe fascista y a la dictadura. En realidad, el gran temor
de las derechas -como ha quedado reflejado en muchas de las
declaraciones de sus dirigentes- es que las izquierdas quieran
conseguir los derechos políticos y sociales que el alzamiento
militar interrumpió durante la República.
Pero este
olvido llega a situaciones extremas cuando la visión "nacional"
centralista se reproduce en sectores de la izquierda que están
anteponiendo su nacionalismo a los compromisos que las
izquierdas debieran siempre tener con las clases populares, tal
como ocurre cuando exigen al Gobierno socialista español que
cambie de alianzas y se apoye en el partido de las derechas
catalanas en lugar de un partido de izquierdas (por ser
independentista). Tales voces muestran gran desconocimiento de
Catalunya (en la que la mayoría de catalanes nos sentimos
españoles), donde veintitrés años de Gobierno de derechas fue
una de las causas del escaso desarrollo de los servicios
públicos tales como educación, sanidad, servicios de ayuda a la
familia y otros, y ello como resultado de su apoyo a los
servicios privados, situación que ha cambiado significativamente
con el nuevo Gobierno catalán (que incluye el partido
independentista). Es más, cuando los gobiernos españoles
gobernaron con el apoyo de las derechas catalanas 1993-2000, el
gasto público social por habitante descendió (primero, en
términos absolutos, y después, en términos relativos) en
comparación con la UE-15. Esta situación ha cambiado
significativamente a partir del nuevo Gobierno español, y ello
como resultado de la presión realizada por las izquierdas
(incluyendo ERC), de la cual las clases populares, no sólo de
Cataluña, sino de toda España, se están beneficiando. ¿Hasta
cuándo antepondrán el nacionalismo centralista a su compromiso
con las clases populares?
Vicenç Navarro es
catedrático de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra. |